¿Qué es más beneficioso para el Partido Socialista, la celebración de unas nuevas elecciones o permitir que Mariano Rajoy siga gobernando con una incómoda mayoría parlamentaria?

La formulación de esta pregunta es importante, pues a continuación pretendo no solo proponer una respuesta a esta cuestión, sino explicar por qué considero que es este, y no otro, el interrogante que está verdaderamente sobre la mesa de negociación. Todo apunta a que la formación de un Gobierno para esta legislatura dependerá de la postura que adopte el PSOE con respecto a esta incómoda pero ineludible pregunta.

El lector debe, en todo caso, estar prevenido del carácter hipotético y parcial de esta reflexión y comprender que ella es fruto, probablemente, del elevado número de horas que la autora ha pasado viendo Juego de Tronos.

Merece la pena puntualizar brevemente algunas cuestiones sobre el funcionamiento de nuestro sistema político. El Congreso de los Diputados se compone de 350 miembros electos que son los encargados de investir al presidente del Gobierno propuesto por el Rey.  El procedimiento para ello está recogido en la Constitución Española y en el Reglamento del Congreso de los Diputados y puede estar formado por varias fases. La norma prevé una primera sesión en la que el candidato debe ser investido por mayoría absoluta de los diputados (por 176 diputados o más), de lo contrario, 48 horas después se celebra una segunda convocatoria en la que únicamente se exige mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si esta segunda convocatoria resulta infructuosa, el Rey tiene la posibilidad de proponer a otros candidatos, eso sí, con el límite temporal de dos meses desde la primera votación, momento en que las Cortes quedan disueltas y se convocan nuevas elecciones generales.

El Partido Popular, por ser la fuerza política más votada, será el primer partido en intentar formar Gobierno. Es una tarea complicada. Con sus 123 escaños necesitaría el apoyo de otros 55 diputados para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, y Ciudadanos, el único partido que a priori podría prestarle su apoyo, solo ha obtenido 40. Juntos, por lo tanto, no alcanzarían la mayoría absoluta en la primera convocatoria. Además, Albert Rivera ha repetido en numerosas ocasiones que no apoyará —al menos activamente— la investidura de Mariano Rajoy ni la de Pedro Sánchez, aunque sí ha dejado claro que se abstendrá para facilitar la gobernabilidad del país. Ciudadanos podría facilitar la investidura de Mariano Rajoy mediante su abstención en la segunda sesión de investidura —aunque ella dependería de otros factores que se analizarán más adelante— pero nunca en la primera. Un cambio de estrategia en esta cuestión es altamente improbable, puesto que la declaración de intenciones de Ciudadanos en este tema es presentada por Albert Rivera como un signo más de la transparencia de su partido.  

La pérdida de identidad de un partido político en el terreno nacional es más importante que las soluciones prácticas y funcionales que se proponen en los niveles territoriales

Descartado el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular de manera activa, se plantea otra posibilidad —en realidad, la única— para que Mariano Rajoy sea investido presidente del Gobierno en la primera sesión: el apoyo del Partido Socialista en la sesión de investidura. Con sus 90 escaños, ambas fuerzas alcanzarían sobradamente la mayoría absoluta —sumarían 213 diputados— y constituirían la única coalición no dependiente de la abstención del resto de formaciones políticas de todas las posibles. Se trataría de un pacto entre antagonistas, aparentemente inverosímil, pero plausible a fin de cuentas. La necesidad de ofrecer estabilidad política y económica ante las instituciones de la Unión Europea y los mercados, de mostrar unidad y aplomo frente a los retos que plantea el terrorismo internacional, y de abordar urgente y conjuntamente el proceso soberanista catalán constituyen las principales razones para un pacto de este tipo (o mejor, podrían ser aducidas para justificarlo). Todo ello unido a la oportunidad que plantearía para ambas formaciones iniciar una campaña de prestigio conjunto de las opciones políticas tradicionales y con experiencia. Sin embargo, el coste de un pacto así sería previsiblemente muy alto para el Partido Socialista, que decepcionaría a gran parte de su electorado y dejaría en manos de Podemos la oposición de izquierdas. Asimismo, un acuerdo de estas características implicaría la pérdida de credibilidad de Pedro Sánchez, que en el debate electoral llegó a catalogar a Mariano Rajoy de persona «indecente» por los escándalos de corrupción que ha protagonizado el PP. No lo sería tanto para Mariano Rajoy y el Partido Popular, que podrían atribuirse el mérito de realizar concesiones, sin perder liderazgo, en pos de la estabilidad y gobernabilidad de España.

Pasemos ahora al otro gran pacto que está en el aire: la unión de Podemos y el PSOE, que necesitaría también el apoyo de Unidad Popular y de algunos partidos nacionalistas y regionalistas (Esquerra Republicana, PNV, Coalición Canaria…). A simple vista parece una opción viable: son partidos de izquierdas (o de centroizquierda), ambos han criticado las políticas de los populares, coinciden en ciertos puntos del diagnóstico y tratamiento del desempleo en nuestro país y, lo más importante, gobiernan juntos en muchos ayuntamientos. Sin embargo, considero que hay varias razones para defender que, pese a tratarse de dos partidos que conviven en el mismo espectro ideológico, este sería un pacto casi tan contranatura como el de PP y PSOE, al menos por el momento.

En primer lugar, el PSOE y Podemos son adversarios políticos directos, es decir, compiten por el mismo espacio político. De hecho, en las elecciones del 20 de diciembre no ha aumentado significativamente el voto de izquierdas, sino que se ha repartido el voto socialista entre ambas formaciones. Esta circunstancia, sin duda, no ha pasado —ni pasará— desapercibida para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando ambos se han presentado a las elecciones como la única alternativa al Partido Popular. Poco importan los pactos autonómicos o locales en un terreno de juego —el nacional— en el que la pérdida de identidad de un partido político es más importante que las soluciones prácticas y funcionales que se proponen en los demás niveles territoriales.

El proceso soberanista en Cataluña es ahora más real que nuncay las soluciones también lo son

En segundo lugar, existe una diferencia radical en la forma de afrontar la cuestión soberanista en Cataluña. Ambos partidos son sensibles al problema territorial español, pero mientras el PSOE apuesta por una reforma de la Constitución y por la implantación de un modelo federal, Podemos plantea la necesidad «irrenunciable e inaplazable» de realizar un referéndum en Cataluña. Esta diferencia, que bien podría quedarse como un detalle de cada programa electoral, cobra especial relevancia cuando el partido de Pablo Iglesias Turrión depende directamente del apoyo de formaciones próximas a los movimientos independentistas y, todavía más, cuando el propio pacto debería estar avalado por partidos implicados en el proceso soberanista catalán. El proceso soberanista en Cataluña es ahora más real que nunca (la investidura de Artur Mas en plena crisis política parece inminente) y las soluciones también lo son, de modo que ninguno de los dos partidos renunciará a su medicina por un pacto débil y dependiente de tantos factores.

Por último, hay algo que es importante tener claro, ante un pacto entre el PSOE y Podemos, el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos sería inminente, puesto que ambos partidos se niegan negociar la «unidad de España». Pero no solo eso, un pacto así tendría, seguramente, consecuencias importantes en Andalucía, donde el PSOE gobierna con el apoyo del partido de Albert Rivera. Recordemos que estas elecciones han consolidado lo que ya se había comenzado a poner de manifiesto en las pasadas elecciones municipales y autonómicas: el Partido Socialista Obrero Español mantiene el tipo gracias a los resultados de Andalucía. Un ejemplo: en la mencionada comunidad autónoma, el PSOE ha obtenido un 31,53 % de los votos, 13,6 puntos más que en la Comunidad de Madrid, donde ha quedado nada menos que en cuarta posición. Andalucía es, además, la comunidad autónoma en la que el PSOE ha obtenido una mayor de diferencia de votos con respecto a Podemos (más de 600.000). ¿Se arriesgará el PSOE a perder el apoyo de Ciudadanos en Andalucía, poniendo así en peligro su control sobre la Presidencia de la comunidad autónoma que  lo mantiene como segunda fuerza política? No lo creo.

Descartados los dos grandes pactos posibles (PP+PSOE y PSOE+Podemos+otros) y sabiendo que Ciudadanos no está dispuesto a apoyar ni al PP, ni al PSOE, ni lógicamente al partido de Pablo Iglesias, pero sí a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, ¿qué queda? Hay dos opciones más: la abstención conjunta del PSOE y Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy o la celebración de nuevas elecciones.

Supongamos que se celebrase una segunda vuelta. ¿Quién saldría ganando?

El último cartucho del partido de Mariano Rajoy sería una hipotética abstención del Partido Socialista que, unida a la de Ciudadanos, sería suficiente para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Desde el PSOE insisten en que la abstención no es una posibilidad, sin embargo el proceso de investidura es largo y las posiciones iniciales pueden cambiar a medida que avanzan las negociaciones. Al fin y al cabo, de esta opción nacería un Gobierno del Partido Popular supeditado a determinadas exigencias de Ciudadanos y el PSOE y, sobre todo, con poco margen de maniobra, puesto que cada ley aprobada en el Congreso de los Diputados estaría sometida a un intenso y complejo debate parlamentario. De nuevo, el coste para el Partido Socialista sería alto, aunque no tanto como en el supuesto del gran pacto: en el Congreso, el Partido Socialista podría posicionarse con Podemos o Ciudadanos en determinadas votaciones, opción ridícula y poco creíble en el caso de que votase a favor de Mariano Rajoy en la sesión de investidura. Así, con los Presupuestos Generales del año 2016 aprobados, la vigente legislatura comenzaría a andar, aunque probablemente sin expectativas de durar los cuatro años para los que está diseñada. Esta es, a mi juicio, una opción más plausible que la celebración de nuevas elecciones. Veamos por qué.

Supongamos que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo y ante la decisión del Partido Socialista de no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy se celebrase una segunda vuelta. ¿Quién saldría ganando?

Es difícil prever cuál sería el resultado de unas nuevas elecciones, pero personalmente considero que estas beneficiarían a los dos extremos del espectro político en juego: el Partido Popular y Podemos. Se trata, además, de los dos ganadores de las elecciones, uno en número de votos (PP) y otro por haber protagonizado una entrada épica en el Congreso de los Diputados y una remontada espectacular con respecto a los datos de las encuestas. El Partido Popular, por su parte, podría verse beneficiado por el miedo de los ciudadanos a la inestabilidad política y, sobre todo, económica. Por ello, no sería sorprendente un trasvase de votos considerable de Ciudadanos al PP, dos opciones políticas cuyo electorado comparte los mismos mínimos infranqueables. En el caso de Podemos, la sensación de remontada, el previsible trasvase de votos de Unidad Popular al partido de Pablo Iglesias (o incluso la posibilidad de que ambos decidieran concurrir juntos a las elecciones) y la percepción de un Pedro Sánchez perdedor podrían ser determinantes en las elecciones.

¿Elecciones o abstención? La decisión, como se adelantaba al inicio de esta reflexión, parece depender casi íntegramente de Pedro Sánchez, aunque quizás eso sea mucho decir. Andalucía es, a día de hoy, el granero de votos del Partido Socialista, es su último bastión y es el lugar que ha determinado que el PSOE sea la segunda fuerza política más votada en lugar de Podemos. Desde allí, Susana Díaz, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos, ha insistido en que el PSOE no puede caer en «aventuras» ni «oportunismos» políticos, y en que la unidad de España no está sujeta a negociación.

Con el peor resultado de la historia del PSOE, el camino cerrado para lograr un pacto de Gobierno y un partido sumido en el caos orgánico, hay quienes ya hablan de una posible renovación del liderazgo de cara a la próxima primavera. Si estos fuesen los planes del PSOE a medio plazo, parece claro que lo más rentable sería dejar correr la legislatura, al menos durante un tiempo, y amortizar así la actuación de Pedro Sánchez, preparando la entrada en escena un nuevo secretario general del partido, o mejor, secretaria.