…policy should acknowledge the power of the accident of birth. A child does not choose the family he or she is born into. But society can enrich the opportunities of disadvantaged children to flourish.

James Heckman

31 millones de parados y 61 millones de empleos perdidos, según la Organización Internacional del Trabajo; pérdidas de PIB respecto a la tendencia que en Estados Unidos se estiman entre el 40 y el 100 % del PIB; un aumento de la desigualdad que ha golpeado con especial virulencia a los jóvenes, que en los países de la OCDE han visto reducirse su renta real disponible un 1 % anual. Los costes económicos de la crisis han sido devastadores.

La igualdad de oportunidades ha experimentado un severo retroceso. La recuperación económica aliviará esta situación de manera gradual. Pero hay una dimensión de este fenómeno que resulta particularmente preocupante, porque, de no atajarse, seguirá produciendo efectos durante décadas.

Se trata de la pobreza infantil. La investigación en economía, psicología y neurología indica que los primeros años de vida de una persona tienen un efecto determinante en cómo se desenvuelve el resto de su vida. La etapa que abarca desde el embarazo hasta los cinco años de edad es esencial para la adquisición de capacidades básicas como el lenguaje y el razonamiento. Hay evidencia creciente de que el entorno en el que los niños abordan esta primera fase de su vida influye en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. De cómo realicen este aprendizaje temprano dependerán su renta, la calidad de sus empleos, su salud y su integración en la sociedad.

La situación socioeconómica y el nivel de educación de los padres es un elemento determinante de ese entorno. La pobreza, y la privación de necesidades básicas que conlleva, pesa en el desarrollo del niño y le colocan en una situación de desventaja frente al resto que tiende a perpetuarse con el paso de los años. Así, los niños que nacen en medios pobres deben soportar una rémora que limitará sus oportunidades de tener una vida plena.

En España, una de las manifestaciones más lacerantes de la crisis ha sido el aumento de la pobreza infantil. Según UNICEF, la tasa de pobreza infantil (porcentaje de niños que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana) ha subido 8 puntos porcentuales entre 2008 y 2012. Su nivel, el 36,3 %, es el tercero más alto de la OCDE, tan solo por detrás de Grecia y Letonia[1]. Ayala y Cantó (2014) señalan que uno de los rasgos distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza en los hogares con niños, en gran medida por los problemas del mercado de trabajo y la insuficiencia de las prestaciones monetarias por hijo. Partiendo de una situación que ya era relativamente peor que la de los países de nuestro entorno, el aumento del desempleo y el de las familias con hijos y todos los miembros en paro, junto con los recortes en prestaciones sociales, ha extendido la pobreza infantil y la han hecho más severa.

En España, la tasa de pobreza infantil ha subido 8 puntos porcentuales entre 2008 y 2012; es el tercer nivel más alto de la OCDE tan solo por detrás de Grecia y Letonia

Si no se produce una reacción por parte de las políticas públicas, la crisis puede quebrar la igualdad de oportunidades en España. Más de un tercio de la generación de niños que han nacido en los últimos diez años verían limitados su aprendizaje, desarrollo e inserción profesional y social. Se trataría de un retroceso inaceptable en el progreso social que tan trabajosamente ha conquistado la España democrática.

La inversión de recursos públicos en paliar la pobreza infantil y mejorar el entorno para el aprendizaje en la edad temprana de los niños de las familias más desfavorecidas no es solo una medida de equidad, es también una inversión eficiente. El premio nobel de Economía James Heckman, de la Universidad de Chicago, lleva años analizando los resultados de las evaluaciones de los programas estadounidenses de apoyo al aprendizaje temprano. Algunos de ellos, como el Head Start, tienen ya décadas de existencia, lo que ha permitido estudiar sus efectos a medio y largo plazo. Hablando en la Conferencia que organizó la Casa Blanca sobre la educación temprana en diciembre de 2014, el económetra Heckman recordó que las inversiones públicas en el entorno de aprendizaje para los niños de las familias desfavorecidas son eficientes, además de justas. Los beneficios sociales de estas inversiones en forma de mayor productividad e ingresos, así como de menores gastos en prestaciones y salud, compensan con creces su coste presupuestario.

El estudio realizado por el Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos y publicado con ocasión de dicha Conferencia estima que la rentabilidad social de estas inversiones supera el 8 %. Por cada dólar invertido la sociedad obtiene 8,60 dólares a largo plazo.

La reanudación del crecimiento del PIB y del empleo tendrá un efecto positivo y, sobre todo, frenará la tendencia al agravamiento de la situación. Pero no será suficiente. Se necesitan actuaciones concretas que eviten que toda una generación sea víctima de la Gran Desigualdad

Son varias las actuaciones concretas que se podrían aplicar en España para reducir la pobreza infantil e intentar dar a los niños de las familias más desfavorecidas oportunidades similares a las del resto. La reanudación del crecimiento del PIB y del empleo tendrá un efecto positivo y, sobre todo, frenará la tendencia al agravamiento de la situación. Pero no será suficiente: aun suponiendo que el ciclo expansivo recién iniciado se sostenga y se intensifique, el efecto sobre la pobreza infantil sería gradual. No llegaría a tiempo para evitar que toda una generación sea víctima de la Gran Desigualdad.

El sistema español de prestaciones para familias con hijos a cargo (monetarias o en especie) y su tratamiento en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (reducciones en la base imponible y deducciones en la cuota) es poco eficaz en la reducción de la pobreza infantil. El problema es doble: España dedica menos recursos a las prestaciones familiares y el diseño del sistema no está orientado a las familias pobres con hijos. Con datos de 2011, los recursos públicos destinados a familias con hijos fueron en España del 1,38 % del PIB, frente a una media del 2,24 % en los países de la OCDE. Según la Comisión Europea, el sistema español reduce este tipo de pobreza en un 27,6 % frente al 41,3 % de media para la UE en 2013.

El problema es doble: España dedica menos recursos a las prestaciones familiares y el diseño del sistema no está orientado a las familias pobres con hijos

Tras constatar que el rasgo más distintivo del esquema español de prestaciones monetarias por hijo es su baja cuantía, solo inferior a la de Grecia en relación a la renta mediana con datos de 2011, Ayala y Cantó (2014) evalúan mediante una microsimulación los efectos de tres tipos de reforma. La primera supondría universalizar la prestación por hijo, que ahora está condicionada por renta y subir su cuantía desde 291 a 1.200 euros anuales, con un coste estimado de 9.400 millones de euros. La segunda reforma consistiría en elevar un 50 % el baremo de renta para recibir la prestación actual y su coste se limitaría a 320 millones de euros. La tercera reforma elevaría la prestación también hasta los 1.200 euros anuales pero conservaría los baremos de renta máxima actuales para tener derecho a recibirla, con un coste estimado de 1.500 millones de euros.

La reforma universalista reduciría la tasa de pobreza infantil en más de un 18 %, frente a casi el 4 % del aumento de la prestación y algo más de un 2 % del aumento de los baremos de renta. No obstante, la opción de aumentar la prestación y mantener los baremos de renta conseguiría reducir la intensidad de la pobreza en un 14 %, teniendo por tanto un impacto muy notable sobre la pobreza extrema. Dadas las diferencias en el coste de las tres opciones, cabría considerar esta última opción como la más atractiva a corto plazo como medida de choque contra la pobreza infantil, dejando quizá la opción universalista como un horizonte hacia el que avanzar a medio y largo plazo.

Otra posibilidad interesante consistiría en introducir en España prestaciones monetarias condicionadas al empleo y con cuantía ajustada al número de hijos, como el crédito fiscal estadounidense conocido como Earned Income Tax Credit. Este instrumento, que se ha convertido en el principal programa de reducción de la pobreza en Estados Unidos, permite añadir un incentivo a trabajar.

Como señala Heckman, la clave para el desarrollo temprano de los niños son los recursos que les dedican los padres. Las reformas en las prestaciones monetarias deberían ir acompañadas de programas que mejoren las capacidades de los padres en situación de pobreza para atender a sus hijos. El acceso a guarderías y escuelas infantiles, los programas de atención a las mujeres embarazadas y con niños recién nacidos, las medidas para garantizar una nutrición adecuada a los niños de familias desfavorecidas y otras similares deberían reforzarse para hacer frente a la situación actual en España.

La reducción de la pobreza infantil debería ser por tanto una prioridad política después del ciclo de elecciones de 2015. Dada la todavía difícil situación fiscal, deberían evaluarse con rigor en un debate público las alternativas más coste-eficaces para paliar la emergencia social y económica que afrontamos. Si no se actúa ahora, la desigualdad echará raíces y será mucho más difícil combatirla en el futuro.

 

[1] ^ UNICEF calcula esta tasa anclándola a la renta mediana en 2008, para reflejar mejor el impacto de la crisis y evitar que el descenso de la renta mediana produzca un efecto artificial de reducción de la pobreza.