La sobreexplotación de los ecosistemas, la pérdida y fragmentación de hábitats debido a la agricultura o a la deforestación, el cambio climático, la polución, así como la introducción de especies invasoras están conllevando el detrimento de la biodiversidad en todo el mundo. Si la sociedad fracasa en la reducción de los gases de efecto invernadero, la temperatura media de la tierra aumentará alrededor de 1,4 º C y 5,8 º C para el periodo entre 1990 y 2100, con la consiguiente disminución de las precipitaciones y del caudal de los ríos. Una vez la temperatura incremente más de 2ºC, las consecuencias serán catastróficas e irreversibles.
España es actualmente el país con mayor biodiversidad de toda Europa. Esta circunstancia, además de ser importante por su valor intrínseco, es vital para el buen funcionamiento de los ecosistemas e implica una obligación moral a nuestra sociedad de evitar la extinción de estas especies y permitir que las futuras generaciones puedan heredar un medio ambiente de la mayor calidad posible. Sin embargo, el calentamiento global está alterando la distribución y el incremento de las temperaturas en todo el mundo, causando el mayor impacto ecológico en la historia reciente. Por ejemplo, esta coyuntura está provocando alteraciones en el lugar elegido por las aves europeas para llevar a cabo la invernada dirigiéndose éstas cada vez más a lugares más al norte del Continente.
¿Cómo hemos llegado aquí?
La agricultura y la ganadería han sido (y siguen siendo) dos de las actividades que más contribuyen a la contaminación del medio ambiente y fragmentación de los hábitats. Su intensificación durante las últimas décadas, provocada de manera indirecta por las subvenciones por parte de la Unión Europea a agricultores y ganaderos, ha supuesto en muchos casos la pérdida de biodiversidad en estas zonas y el incremento de la contaminación de las aguas, el suelo y el aire. Las emisiones de efecto invernadero más importantes que produce la agricultura y la ganadería son las emisiones de óxido nitroso de los suelos, de los fertilizantes, del estiércol y la orina de los animales, del cultivo de arroz y las de metano producidas por los animales. Más aún, se prevé que estos efectos se acentúen con el tiempo, reduciendo con ello la productividad de los cultivos. Como muestra la figura 1, se vaticina que para el año 2050, el rendimiento de los cultivos de maíz en España se reducirá en un 15 %.
Figura 1. Efectos del Cambio Climático sobre los rendimientos de cultivo
Fuente: OECD, 2016.
Por otra parte, y ligado al problema de la contaminación medioambiental, está la creciente (y explosiva) demanda de alimentos causada por el aumento exponencial de la población mundial. De hecho, se calcula que en el año 2050 habrá en el mundo más de 9.000 millones de personas y con ello, las necesidades podrán aumentar hasta un 70 %.
¿Cómo podemos atajar este problema global?
Evitar el malgasto o el consumo innecesario de comida, que supone entre el 30 y el 40 % de la producción, es uno de los mayores retos para ayudar a solucionar este problema.[1]
El siguiente reto debe consistir en reducir la expansión de la actividad agrícola en el futuro, transfiriendo a los países más desfavorecidos las tecnologías para desarrollar el rendimiento de sus cultivos y reduciendo así su repercusión medioambiental y asegurando una mayor biodiversidad y calidad de los recursos naturales[2]. En otras palabras: debemos encontrar a nivel global la manera por la cual podamos afrontar las necesidades alimentarias causando el menor impacto ambiental posible.
Los gobiernos de los países desarrollados se hacen imprescindibles para la promoción de la sostenibilidad, la innovación y el apoyo a la investigación. Además, estos deben respaldar al sector primario a través de mayores subvenciones que favorezcan la producción de otros bienes de interés público. Es decir, no se trata únicamente de la producción de alimentos, sino de incentivar también el almacenamiento de carbono y materia orgánica, el mantenimiento de aguas limpias, favorecer la polinización, etc.
Un ejemplo de esta política según Balmford et al. (2012), podría consistir en invertir en una mejora de los productos transgénicos mientras se subvenciona de forma significativa la implantación de productos ambientalmente menos agresivos, así como a los agricultores y ganaderos que realmente promuevan e implementen prácticas con menor impacto en el medio ambiente. Aunque será necesario un incremento de la supervisión por parte de las Administraciones Públicas, esta medida nos dirigiría hacia una agricultura más sostenible, asegurando la provisión de alimento, así como la biodiversidad y la calidad de los servicios ambientales para las generaciones actuales y futuras.
La dehesa en España y el montado en Portugal son ejemplos claros de la compatibilidad en la convivencia entre el ser humano y la naturaleza y encajan perfectamente en el modelo sostenible que se necesita para cumplir con estos objetivos. La multifuncionalidad de estos sistemas agrosilvopastorales permite el aprovechamiento sostenible de diferentes recursos, los cuales ofrecen tanto una buena calidad del medio ambiente (suelo, aire y agua) como seguridad alimentaria.
Este ecosistema, único en el mundo, se encuentra en el suroeste de la península ibérica y proporciona numerosos servicios ambientales como la mejora del microclima, la secuestración del carbono, la estabilización y protección del suelo, tierra para el pastoreo y recreación humana y paisajes con importante valor estético e histórico. Además, es el hábitat natural de especies amenazadas y/o endémicas como el águila imperial, el lince ibérico o el buitre negro. A su vez, debido a sus múltiples aprovechamientos económicos, favorece su viabilidad económica y evita el abandono de las zonas rurales. En concreto, el uso del pasto de forma extensiva permite el mantenimiento del paisaje y disminuye el riesgo de incendios, cuya incidencia está aumentando debido al incremento de las sequías provocadas por el cambio climático (Fig. 2).
Figura 2: Estado actual y evolución prevista del riesgo de incendios en Europa
Fuente: Joint Research Centre, 2016
Además del riesgo de incendios, existen otras grandes amenazas para este ecosistema como la modificación de la Política Agraria Común de 2013, que considera este espacio como pasto arbolado limitando las subvenciones en base al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, y la falta de regeneración de las encinas y alcornoques (piezas clave de este ecosistema) que están poniendo en riesgo la mortalidad de los árboles y la sostenibilidad del ecosistema. Esto se debe principalmente a la sobreexplotación de los recursos por el incremento desproporcionado de ganado y especies cinegéticas debido a su valor económico, la aparición de nuevas enfermedades que atacan a las mismas como la Phytophtora (“la seca”), el aumento de insectos como el Cerambyx welensii, y el incremento de las temperaturas y consecuentes sequías.
Son estos bosques los que con sus bellotas alimentan tanto a los animales domésticos como a los salvajes, pero además también incrementan los nutrientes y la materia orgánica del suelo. Estos dos elementos son importantes debido a que favorecen la productividad de los suelos con mayor calidad y cantidad de alimentos. Cuando se explotan los suelos sin restablecer la materia orgánica y el contenido de nutrientes, el ciclo de elementos nutritivos se rompe, la fertilidad del suelo disminuye y el equilibrio del agro-ecosistema se destruye (FAO, 2015).
La caza sostenible: biodiversidad, seguridad alimentaria y cambio climático
El territorio rural español debe su importancia en gran medida a que ocupa el 91 % de la superficie del país. En las zonas rurales vive aproximadamente el 25 % de la población y de este medio surge toda la producción primaria y energética, recursos hídricos y es el lugar donde se encuentra nuestro diverso patrimonio natural.
Así como el avistamiento de fauna o el senderismo, la caza está catalogada como actividad recreativa entre los diferentes servicios medioambientales culturales que ofrece la naturaleza[3]. La Carta Europea sobre Caza y Biodiversidad define la caza sostenible como el uso mediante el cual no se sobreexplote el recurso (que perdure en el tiempo de manera indefinida) de una forma natural, sin modificar negativamente sus factores naturales ni los de otras especies o habitacionales (sean estos genéticos, poblacionales o ecosistémicos). A partir del año 2007, la caza no solo busca fomentar la perduración en el tiempo de las especies sino también que no afecte a otras especies y sus hábitats.
Para este ecosistema en concreto, la caza sostenible es sinónimo de conservación del medio natural y rural. El control poblacional de los ungulados, siempre respetando las épocas de celo, reproducción y cría, permite el mantenimiento de una población de animales estable que favorece la conservación de la naturaleza, permite la regeneración del bosque y evita el desplazamiento de otras más vulnerables, como puede ser la perdiz o el conejo. La falta de estas especies repercutiría en otros vertebrados como los lagartos al convertirse estos en el nuevo alimento de las rapaces.
Los terrenos de caza en España abarcan el 75 % de la superficie nacional. Se ha comprobado que en los cotos de caza comerciales existen un mayor número de espacios naturales o seminaturales como dehesas o bosque mediterráneo que en los cotos que no se explotan económicamente, favoreciendo tanto a las especies cinegéticas como a otras típicas de estos ecosistemas.
En el caso de la caza menor, varios estudios científicos desarrollados en Reino Unido han demostrado que las siembras destinadas a dar de comer a estas especies cinegéticas incrementan el nivel de aves e invertebrados en la zona[4]. Otros dos estudios, éstos realizados en Portugal y España, también han probado que los lugares gestionados para la actividad cinegética benefician más la abundancia de depredadores de interés para la conservación que los que están sin gestionar donde la abundancia de perdiz y conejo es menor[5] y que a su vez, esta situación está directamente relacionada con la actividad de la caza[6].
Se estima que el beneficio total de la caza produce 3.000 millones de euros anuales no solo de la captura de las piezas, sino de otros sectores alrededor de la misma como veterinarios, guardería o restauración y hostelería, entre otros. En términos globales, la actividad cinegética produce mayores beneficios que el turismo rural o vacuno en extensivo, dando empleo a más de 115.000 personas. Estos beneficios económicos permiten desarrollar y evitar el abandono del medio rural y la pérdida de la cultura y el paisaje histórico.
Asimismo, el aprovechamiento de la carne procedente de la caza ayuda en la lucha contra la inseguridad alimentaria. En el año 2016, España exportó 9.640 toneladas de carne de caza a países como Alemania o Francia, entre otros, por un valor de casi 38 millones de Euros[7] . Desde el punto de vista del calentamiento global, puede decirse que la carne de caza es más sostenible que la de ganado. Los ungulados silvestres producen menos metano que el ganado vacuno y apenas hay diferencia con el ovino o caprino, por lo que el uso de este recurso natural renovable permite la amortización de unos gases que son emitidos igualmente y a un coste ambiental menor que el que produce la carne de ganado vacuno.
Por un beneficio social
Existe una estrecha relación entre la caza sostenible y la conservación medioambiental, sin embargo prácticas como la introducción de especies exóticas o las granjas cinegéticas pueden repercutir (debido a que las nativas no pueden competir con ellas o a la sobrepoblación de las especies cinegéticas) en el desplazamiento de las más vulnerables y en el aumento de probabilidades de contagio de enfermedades —como la tuberculosis entre los animales salvajes y domésticos.
Es por ello que, con el objetivo de evitar prácticas no sostenibles por parte de este sector, además de que la caza sostenible sea promovida, como está hoy en día, por diferentes instituciones y organizaciones internacionales como la Unión Europea, BirdLife Internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otras[8], ésta debería estar subvencionada dentro de la Política Agraria Común (PAC) con el mismo objetivo que hemos recomendado para la agricultura y ganadería sostenible. Es decir, incentivar a través del pago de subvenciones a los propietarios de cotos de caza que realmente promuevan e implementen prácticas sostenibles y reconociendo su labor mediante certificaciones de calidad en función del grado de prácticas sostenibles que se lleven a cabo.
No se pueden negar las consecuencias del calentamiento global y la negativa repercusión que la intensificación en los usos del suelo produce en el medio ambiente. Se deben llevar a cabo medidas que promuevan la mejora del medioambiente y los servicios de los ecosistemas, pero sin olvidar la importante labor que acomete el sector primario en términos de seguridad alimentaria y de desarrollo rural manteniendo los paisajes rurales.
Ahora más que nunca se deben fomentar actividades como la agricultura y la caza sostenible que mitiguen y se adapten al cambio climático favoreciendo la conservación de la biodiversidad y la calidad de los servicios que proporcionan los ecosistemas, asegurando y desarrollando los asentamientos rurales para así poder afrontar con éxito los próximos retos tanto ambientales como de aumento exponencial de la población y sus necesidades.
[1] Foley et al. (2011); Parfitt et al. (2010); Clay, (2011).
[2] Tilman et al. (2011); Godfray et al. (2010).
[3] Millennium Ecosystem Assessment (2005).
[4] Stoate et al. (2003); Henderson et al. (2004); Parish y Sotherton, (2004); Sage et al. (2005).
[5] Beja et al. (2009); Delibes-Mateos y colaboradores, (2007).
[6] Delibes-Mateos et al. (2009).
[7] Consejo Superior de Cámaras (2016).
[8] Consejo de Europa (CITES); Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna y la European Landowner Organization (Covisa, 2017).
